La Corte Suprema exige que los gobiernos estatales y locales actualicen sus distritos electorales una vez por década para garantizar que cada distrito tenga la misma población, lo que otorga a cada residente una representación equitativa en el gobierno. Sin embargo, la Oficina del Censo de EE. UU. contabiliza a las personas donde están encarceladas, no donde provienen. Por lo tanto, cuando las jurisdicciones se basan en datos censales brutos que no reflejan su población real, la democracia se resiente.