CONDADO DE PRINCE GEORGE, MD – El 30 de septiembre de 2020, la fiscal estatal Aisha Braveboy celebró una conferencia de prensa en la que abordó un esfuerzo para garantizar el derecho al voto de los habitantes de Maryland que están encarcelados. Durante la conferencia de prensa, la miembro de la Junta Electoral, Monica Roebuck, afirmó que las personas con una condena por delito grave recuperan su derecho al voto una vez que han cumplido su sentencia. Sin embargo, En el estado de Maryland, las personas con condenas por delitos graves son elegibles para votar una vez que ya no están encarceladas.

La siguiente declaración es de Joanne Antoine, directora ejecutiva de Common Cause Maryland, y Dana Vickers Shelley, directora ejecutiva de ACLU de Maryland:

Dada la importancia de las elecciones de 2020, fue desalentador escuchar a la fiscal estatal Aisha Braveboy y a la miembro de la Junta Electoral Monica Roebuck brindar información inexacta y engañosa a los residentes del condado de Prince George sobre la votación durante su conferencia de prensa del 30 de septiembre. Desafortunadamente, la miembro de la Junta Electoral Roebuck citó incorrectamente la ley real, lo que provocó una supresión involuntaria de votantes al confundir a los residentes de Prince George que necesitan saber que una vez que son liberados de la cárcel por una condena por delito grave, su derecho a votar se restablece.

La coalición estatal de defensores del derecho al voto que ha asesorado y colaborado con la Junta Electoral del Estado de Maryland desde principios de este año podría haber proporcionado una descripción más útil y completa de los esfuerzos locales y estatales hasta la fecha, los recursos disponibles y las necesidades actuales, en particular en lo que se refiere a la votación de los habitantes de Maryland que están actualmente y anteriormente encarcelados.

Qiana Johnson, directora ejecutiva de Life After Release (condado de Prince George); Nicole Hanson Mundell, directora ejecutiva de Out for Justice, Inc (ciudad de Baltimore); y Monica Cooper, directora ejecutiva de Maryland Justice Project (ciudad de Baltimore), han sido reconocidas durante mucho tiempo por liderar organizaciones sin fines de lucro cuyos miembros están compuestos por ciudadanos que regresan de la cárcel, personas que están tras las rejas y sus comunidades. La Junta Estatal de Elecciones ha recurrido a ellas para que ayuden a difundir la información y sirvan como intermediarios de confianza para convocar conversaciones importantes entre la comunidad y la SBE. Si no hubiera sido por la asistencia de Out for Justice Inc a las reuniones de la junta asesora de la SBE, presionándolas para establecer un esfuerzo coordinado para elaborar los paquetes que la SBE ahora ha enviado a todas las cárceles, este trabajo de votación previa al juicio probablemente se hubiera retrasado otro ciclo electoral.

Estas personas aportan su experiencia directa como ex reclusos a su conocimiento de los derechos y prácticas electorales en Maryland. Durante los últimos cinco años, han trabajado con miembros de la comunidad y defensores de derechos humanos en todo el estado para ampliar la votación y garantizar el acceso a quienes están detrás del muro. Su esfuerzo a menudo ha sido ignorado y desestimado por los funcionarios electos y los guardias locales les han negado el acceso. Eso debe cambiar de inmediato.

Mientras en Common Cause Maryland y ACLU de Maryland continuamos trabajando en asociación y elevando el liderazgo de las personas directamente afectadas, hacemos un llamado a los funcionarios electos y líderes cívicos para que protejan, y no exploten, sus invaluables contribuciones para garantizar que la promesa de la democracia esté disponible para todos los habitantes de Maryland.