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La orden ejecutiva de Trump para vigilar las redes sociales es una apropiación de poder flagrante e ilegal
Hoy se espera que el Presidente firme una Orden Ejecutiva (OE) que busca controlar la libertad de expresión en las redes sociales. El borrador de la Orden Ejecutiva surge después de que Twitter verificara tuits inexactos del Presidente sobre los procesos de votación por correo, a pesar de que Twitter aplicó su política de añadir etiquetas de advertencia a tuits engañosos, lo cual viola las normas comunitarias de la plataforma.
Según un borrador, la Orden Ejecutiva exigiría a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y a la Comisión Federal de Comercio (FTC) que vigilen la libertad de expresión en las plataformas de redes sociales. La Orden Ejecutiva insta específicamente a la FCC a adoptar normas que establezcan las condiciones en las que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones otorga a las plataformas de redes sociales una exención de responsabilidad cuando deciden suprimir o eliminar contenido de sus sitios. La Orden Ejecutiva también impondría restricciones a las agencias federales para la publicidad en las plataformas de redes sociales. Finalmente, la Orden Ejecutiva ordena al Fiscal General crear un grupo de trabajo, en colaboración con los fiscales generales estatales, que examinaría la aplicación de las leyes estatales y crearía listas de vigilancia de usuarios basadas en sus interacciones con el contenido de las redes sociales.
Declaración de Michael Copps, asesor especial de Common Cause y excomisionado de la FCC
Este proyecto de Orden Ejecutiva constituye una flagrante e ilegal apropiación de poder por parte del Presidente en su intento de eliminar cualquier supervisión sobre su difusión de desinformación en redes sociales y censurar las voces disidentes. La intención del Presidente con este proyecto de Orden Ejecutiva es clara: presionar políticamente a las empresas de redes sociales para impedir que tomen medidas que corrijan la flagrante desinformación que difunde en línea, en particular el contenido que suprimiría el voto de los ciudadanos estadounidenses. Con este proyecto de Orden Ejecutiva, el Presidente intenta desviar la atención de los esfuerzos del Comité Nacional Republicano (CNR) para manipular las normas en contra de los votantes y confundir a la gente sobre su derecho al voto.
Las consecuencias de este proyecto de Orden Ejecutiva también tienen peligrosas implicaciones legales y políticas para el papel de nuestro gobierno y nuestra capacidad de comunicarnos en línea. Además de las posibles violaciones de la Primera Enmienda, el proyecto de Orden Ejecutiva amenaza la independencia de la FCC y la FTC, que no siguen las instrucciones del presidente. La FCC tampoco tiene jurisdicción sobre sitios web ni plataformas de redes sociales. Más importante aún, la FCC no es la autoridad de expresión del presidente y no debería poder decidir cuándo las plataformas de redes sociales están exentas de responsabilidad al moderar contenido y cuándo no.
El borrador de la Orden Ejecutiva también podría limitar la capacidad de las agencias federales para anunciarse en redes sociales en un momento en que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) proporcionan información crucial sobre la actual crisis de salud pública por la COVID-19. La Oficina del Censo también está publicitando en redes sociales para difundir información sobre el Censo 2020, un componente vital de la democracia que garantiza que nuestro gobierno base sus decisiones políticas en hechos y datos precisos. Imponer restricciones a la publicidad de las agencias federales, especialmente durante una crisis de salud pública, podría poner en peligro vidas.
A medida que las plataformas de redes sociales han crecido, se han convertido en una vía para que actores maliciosos difundan desinformación, difundan contenido diseñado para interferir en nuestras elecciones, acosen a grupos marginados o perturben nuestra democracia. Pero este no es un problema que pueda solucionarse con una orden ejecutiva, especialmente si proviene de un presidente con intereses personales que quiere elegir cuidadosamente el discurso que le gusta o no.