Right now, we’re facing a renewed wave of anti-voter efforts from President Trump, his friends in Congress, and states lawmakers across the country. But let’s not dwell on these attacks – let’s fight for the solution: the John R. Lewis Voting Rights Advancement Act. This recently reintroduced legislation would help protect voters nationwide from discrimination and voting restrictions by restoring and strengthening protections from the Voting Rights Act, which the Supreme Court gutted in 2013....

La Fiscal General del Presidente Trump, Pam Bondi, destituyó al equipo directivo de la Sección de Votación de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y ordenó la desestimación de todos los casos activos de la sección. La Sección de Votación aplica las leyes federales que protegen el derecho al voto, incluyendo la Ley de Derecho al Voto, la Ley de Voto en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero, la Ley Nacional de Registro de Votantes, la Ley de Ayuda a Estados Unidos para Votar y las Leyes de Derechos Civiles.

Trump cumplió sus 100 días. Ahora nos toca a nosotros.

El presidente Trump y sus aliados han pasado los últimos 100 días atacando nuestros derechos, socavando nuestra democracia y enriqueciendo a los ultrarricos, a la vez que aumentan el coste de la vida de la clase trabajadora estadounidense. Es una estrategia deliberada para distraernos y dividirnos mientras se apoderan del poder y la riqueza.

Vemos a través de sus juegos. Es hora de unirnos y exigir algo diferente, no solo resistiendo su agenda, sino ofreciendo la nuestra, que garantiza justicia, igualdad...

Our government spends about the same on parking lots as it does elections. [1] You read that right. Our elections rank near the bottom in public spending, starving our democracy at the expense of voters like us. Right now, Congress can fix this and provide the funds that state and local officials – Democrats and Republicans alike – agree are urgently needed. They just need to act. Election funding has long enjoyed bipartisan – but...

Los miembros del Congreso deben usar su autoridad para impedir que Trump acepte el avión de lujo de $400 millones que Qatar le está regalando.

La Cláusula de Emolumentos de la Constitución prohíbe a los presidentes aceptar este tipo de "regalos" por razones obvias. El Congreso cuenta con las herramientas para bloquear este soborno, desde modificar proyectos de ley de defensa de aprobación obligatoria hasta detener a los candidatos.

El Congreso debe RECHAZAR este turbio acuerdo aéreo y exigir a esta administración que rinda cuentas por trabajar para Nosotros, el Pueblo, no para el mejor postor.

El Congreso debe RECHAZAR los esfuerzos para recortar la financiación de PBS y NPR, que los estadounidenses califican constantemente como las cadenas más confiables para noticias y asuntos públicos.

Los ataques a los medios públicos son intentos de silenciar a los medios independientes. Debemos proteger el periodismo libre y basado en hechos, y garantizar el acceso a una programación confiable para todos los estadounidenses.

La administración Trump está ordenando al FBI que relaje su control sobre los delitos de cuello blanco para que puedan centrarse en la cruel agenda de deportaciones masivas de Trump.

No es sólo odioso: es un desvío imprudente de recursos públicos que nos hace a todos menos seguros, mientras la élite adinerada se ríe todo el camino al banco.

El Congreso –y los Comités Judiciales de la Cámara de Representantes y del Senado, encargados de exigir cuentas al FBI– deben investigar este abuso y EVITAR que el FBI siga usando indebidamente su poder.

Elon Musk, el multimillonario tecnológico que intentó destruir el gobierno federal desde dentro, abandonó el edificio, pero dejó un gran desastre tras de sí.

Mientras DOGE desmantela los programas diseñados para protegernos, quienes sufren son los estadounidenses comunes. Detrás de cada recorte hay personas reales que enfrentan dificultades reales.

El Congreso debe RECHAZAR los intentos de Trump de expandir DOGE. No le den ni un centavo más a una agencia corrupta que está desmantelando nuestro gobierno. Desfinancien a DOGE ya.

Los Proud Boys quieren $100 millones de los contribuyentes para sembrar más caos, más violencia y más odio.

La Fiscal General Pam Bondi debe oponerse a esta demanda y rechazar este robo de dinero. No dejen que los Proud Boys se lleven ni un solo centavo.