La historia de Estados Unidos está repleta de historias de hombres y mujeres que se sacrificaron, a veces con sus vidas, para garantizar o proteger nuestras libertades, en particular el derecho a votar en elecciones libres.

Por eso, nadie debería sorprenderse por la ola de repulsión pública que ha recibido el trabajo de la Comisión Pence-Kobach sobre “integridad electoral”, el esfuerzo casi manifiesto de la administración Trump para disuadir o bloquear a millones de ciudadanos de emitir su voto.

Mientras que el FBI, la CIA y el resto de nuestras agencias de inteligencia han llegado a la conclusión de que la verdadera amenaza a nuestras elecciones proviene de los cibersaboteadores respaldados por Rusia, la comisión se centra en fabricar “pruebas” para apoyar las falsas afirmaciones del presidente de que hasta 5 millones de personas votaron ilegalmente el año pasado. Quiere compilar una base de datos de registros de votantes estado por estado y buscar duplicados para apoyar su suposición de que el fraude está descontrolado.

No hay duda de que los registros de inscripción en muchos estados están desactualizados; cuando alguien muere, sus nombres no se eliminan automáticamente de los padrones y quienes se mudan pueden aparecer en los padrones de varios estados y/o localidades. Pero eso no significa que la gente esté votando en varios lugares o que los residentes no elegibles se hagan pasar por personas que figuran en los padrones para poder emitir su voto. De hecho, una serie de estudios sobre la integridad de los votantes que se han realizado a lo largo de décadas han acordado unánimemente que el fraude electoral que la comisión está analizando es esencialmente inexistente.

Mientras tanto, a partir de esta mañana (lunes), funcionarios de 45 estados y del Distrito de Columbia –tanto republicanos como demócratas– han rechazado al menos parte de la solicitud de la comisión de datos de los votantes, incluidos los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social de cada votante. Les preocupa, con razón, que la compilación de una base de datos nacional de votantes pueda poner en peligro la privacidad personal y alimentar los esfuerzos para negar a los ciudadanos elegibles sus derechos de voto.

Un grupo ha presentado una demanda contra la comisión en un esfuerzo por detener la recopilación de datos; el Secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, vicepresidente del panel, está acusado de violar la ley federal al usar su posición en la comisión para impulsar su candidatura a gobernador.

Durante el fin de semana, más de 16.000 estadounidenses respondieron a un llamado de Common Cause y enviaron un mensaje a la comisión: entendemos lo que están haciendo y no nos dejaremos intimidar. Puedes añadir tu nombre al de ellos aquí.

Estas personas entienden que la mejor manera de proteger la integridad electoral es asegurarse de que todos los estadounidenses elegibles puedan votar y que cada voto se cuente como emitido.

Lamentablemente, otras personas están enviando un mensaje diferente. Los informes de prensa del fin de semana sugieren que las preocupaciones sobre una posible pérdida de privacidad han llevado a docenas de habitantes de Colorado a eliminar sus nombres de las listas de votantes en lugar de correr el riesgo de que su información personal sea entregada a la comisión y, a través de ella, puesta a disposición del público en general.

Es una reacción comprensible (todos valoramos nuestra privacidad), pero es innecesaria y favorece el claro deseo de la comisión de suprimir el derecho al voto. Los estados han dejado claro que la comisión no va a obtener todos los datos que busca y las leyes que protegen la privacidad de cada voto siguen vigentes. Para honrar a quienes a lo largo de nuestra historia han defendido nuestro derecho al voto, cada uno de nosotros debe defender ese derecho hoy.

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