Los organismos de control del Comité de Ética de la Cámara de Representantes están detectando algo extraño en la oficina del representante de Illinois Luis Gutiérrez.

Según informes, Gutiérrez pagó a su ex jefe de gabinete, Doug Scofield, aproximadamente $500,000 —alrededor de $4100 por mes— en fondos de los contribuyentes durante 10 años para capacitar al personal, revisar y redactar comunicados de prensa y ayudar a publicitar las actividades de Gutiérrez.

Sólo en 2012, Gutiérrez pagó a Scofield $72,000, casi cinco veces más de lo que otros contratistas recibieron por la capacitación del personal del Congreso. Y sólo un año después de que la firma de cabildeo homónima de Scofield consiguiera como cliente al Greater Chicago Food Depository, un banco de alimentos, Gutiérrez ayudó a dirigir $539,500 en fondos federales a los programas y servicios del depósito de alimentos.

Scofield también es coautor de las últimas memorias de Gutiérrez: Todavía soñando: Mi viaje desde el barrio hasta el Capitolio, que se lanzó el otoño pasado.

Todas estas conexiones plantean algunas cuestiones muy serias. Según Lisa Gilbert, directora de Congress Watch de Public Citizen, Scofield estaba “al mismo tiempo en la nómina de un miembro y representaba a clientes en su distrito que [estaban] solicitando y obteniendo asignaciones especiales del congresista”. Eso es, como mínimo, desagradable y, al mismo tiempo, un conflicto de intereses reconocible.

Si bien las reglas del Comité de Administración de la Cámara permiten a los miembros “contratar con empresas o individuos”, estos contratos sólo pueden realizarse para “servicios de oficina generales, no legislativos y no financieros”; los miembros no están “autorizados a contratar servicios de consultoría”. El contrato firmado entre Gutiérrez y Scofield exigía que Scofield brindara capacitación en “desarrollo de mensajes no legislativos”, además de sus otros servicios.

El Comité de Ética ha extendido su plazo inicial del 20 de marzo para actuar por otros 45 días mientras completa la investigación que le remitió en diciembre la Oficina de Ética del Congreso (OCE), entidad independiente.